El cobro por la búsqueda de información pública es inconstitucional, pues contraviene el principio de gratuidad y la prohibición de discriminar por condición económica.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó diversas Leyes de Ingresos de municipios de Querétaro por establecer cobros por la búsqueda y reproducción de información pública. La Suprema Corte determinó que el cobro por la búsqueda de información es inconstitucional, ya que el principio de gratuidad solo permite recuperar costos de reproducción y envío. Sin embargo, la Corte no declaró la inconstitucionalidad de los cobros por certificación de documentos al no alcanzarse la mayoría calificada necesaria.