La invalidez de un decreto que otorga una pensión con cargo al presupuesto de otro poder, sin la transferencia de recursos suficientes, afecta la autonomía presupuestal y el principio de división de poderes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el decreto que otorgaba una pensión por jubilación a un trabajador de dicho poder, con cargo a su presupuesto, sin la transferencia de los recursos necesarios. La Corte determinó que este acto legislativo constituía una intromisión indebida en la esfera presupuestal del Poder Judicial, vulnerando su autonomía y el principio de división de poderes. Por ello, se declaró la invalidez parcial del decreto en la porción que imponía la carga financiera al Poder Judicial sin garantizar los fondos correspondientes.