Tratándose del procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias, la Primera Sala de la Suprema Corte dijo que, el plazo de cinco años previsto en el artículo 73, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación abrogada, debe contarse a partir del día siguiente en que se realizó la conducta infractora o hayan cesado sus efectos y se interrumpirá hasta en tanto se notifique al presunto infractor el inicio del procedimiento y se le conceda su derecho de audiencia, y la resolución que determine su situación jurídica se debe emitir antes de que transcurran cinco años.