La caducidad de un procedimiento de fiscalización, declarada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debe ser analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver un juicio de amparo directo, en aras de garantizar el derecho a la seguridad jurídica.

El asunto versa sobre la violación a los derechos de seguridad jurídica, legalidad y acceso a una tutela judicial efectiva, al considerar que un procedimiento de fiscalización, iniciado mediante un oficio ilegalmente notificado, adolecía de caducidad conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza si la caducidad declarada por el tribunal de alzada debe ser materia de estudio en amparo directo para salvaguardar la seguridad jurídica del contribuyente.