La suspensión definitiva procede contra la ejecución de cobro de un crédito fiscal, cuando este se funde en la sanción por reparación de daños a una víctima de causa penal, siempre que se garantice el interés del fisco y no se vulnere el interés social ni el orden público.

Se confirma la resolución que concedió la suspensión definitiva a un quejoso contra el cobro de un crédito fiscal derivado de una sanción por reparación de daños. El tribunal determinó que no se vulnera el interés social ni el orden público, y que es procedente la garantía para asegurar el crédito fiscal, por lo que se concede la medida cautelar solicitada.