El Congreso local, al otorgar directamente una pensión, incurre en una invalidez que trasciende la suficiencia o idoneidad de la partida presupuestal asignada para tal efecto.

La controversia se centra en la asignación presupuestal para pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos. Se argumenta que el presupuesto otorgado al Poder Judicial se mantuvo intocado por varios años sin partida específica para pensiones. Posteriormente, se previeron partidas para pensiones y jubilaciones, pero el presupuesto enviado por el Ejecutivo al Legislativo no respetó el monto proyectado por el Tribunal Superior de Justicia. El Congreso aprobó un presupuesto que incluyó una partida para pensiones, pero la invalidez radica en que el propio Congreso otorgó directamente la pensión, independientemente de si la partida presupuestal era suficiente.