El acta de visita domiciliaria de inspección y verificación carece de validez cuando los servidores públicos designados para su práctica en el acuerdo administrativo que la ordenó, fungen como testigos en el acta respectiva, al no garantizarse objetividad e independencia en lo asentado.

Se establece que un acta de visita domiciliaria de inspección y verificación es inválida si los servidores públicos que debían practicarla, según el acuerdo administrativo, actúan como testigos al momento de levantar el acta. La participación de autoridades como testigos compromete la objetividad e independencia del documento, incumpliendo los requisitos del artículo 16 constitucional y, por ende, restándole eficacia jurídica plena.