La validez constitucional de un decreto emitido por el Poder Legislativo exige la observancia del principio de seguridad jurídica y de democracia deliberativa en su proceso de formación, garantizando que las leyes provengan de un procedimiento válido y reflejen un intercambio de razones entre representantes en condición de igualdad.

Los promoventes de la acción de inconstitucionalidad argumentan la invalidez de un decreto debido a la violación de los principios de seguridad jurídica y democracia deliberativa durante su proceso de emisión. Se sostiene que la seguridad jurídica demanda que las leyes emanen de un procedimiento legislativo válido, mientras que la democracia deliberativa requiere un debate equitativo entre intereses diversos en una asamblea. Por ello, la forma en que se crean las leyes es tan crucial como su contenido para asegurar el cumplimiento de los principios democráticos.