El decreto que concede una pensión por jubilación a un trabajador del Poder Judicial, con cargo a su presupuesto y sin la transferencia previa de fondos, es inconstitucional por vulnerar la independencia judicial y la autonomía de gestión presupuestal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el Congreso local. El Poder Judicial impugnó un decreto que concedía una pensión por jubilación a un trabajador, la cual debía ser cubierta con cargo a su propio presupuesto, sin que el Congreso hubiera asignado los recursos necesarios. La Corte determinó que dicho decreto es inconstitucional al vulnerar los principios de independencia judicial y autonomía de gestión presupuestal, al someter la voluntad de un poder a otro y permitir la disposición de sus recursos sin su intervención.