El juicio de amparo es procedente contra multas impuestas por autoridades administrativas, aun cuando el cobro de estas sea realizado por una autoridad distinta, si el recurso administrativo previsto no suspende los efectos de la multa.

La autoridad administrativa argumentó la improcedencia del amparo contra una multa, sosteniendo que la suspensión del cobro podía obtenerse ante la Oficina Federal de Hacienda mediante garantía. Sin embargo, el tribunal determinó que esta argumentación es infundada. La Ley de Amparo establece la improcedencia solo si el acto admite un recurso que suspenda sus efectos, y en este caso, el recurso administrativo no ofrecía tal suspensión, haciendo procedente el amparo.