La falta de un plazo razonable para la emisión y notificación de la resolución definitiva en un procedimiento administrativo sancionador, así como la ausencia de consecuencias jurídicas por la omisión de la autoridad para dictarla, vulneran los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva.

La Sala determinó que la ausencia de un plazo definido para que la autoridad emita y notifique la resolución definitiva en un procedimiento administrativo sancionador, y la falta de consecuencias jurídicas por la omisión de la autoridad, contravienen los derechos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva. Esto se debe a que la indefinición legislativa genera incertidumbre y permite la prolongación arbitraria de los procedimientos, afectando la impartición de justicia pronta y expedita.