La reforma a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en lo relativo a la designación y remoción del Fiscal General y de los Fiscales Especializados, es constitucional al respetar los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos, así como el principio de división de poderes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de una reforma a la Constitución de Tamaulipas sobre la designación y remoción del Fiscal General y Fiscales Especializados locales. Los promoventes argumentaron violaciones a los principios de certeza, legalidad, objetividad, fundamentación y motivación, así como al diseño constitucional para la remoción de fiscales. Sin embargo, el Tribunal determinó que la reforma es válida, ya que respeta los principios rectores de la procuración de justicia establecidos en el artículo 116, fracción IX de la Constitución Federal y el principio de división de poderes, al establecer un proceso de remoción conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo.