El Congreso del Estado de Morelos, al emitir un decreto que establece pensiones para magistrados, debe garantizar en el presupuesto de egresos los recursos necesarios para su cumplimiento, sin vulnerar la autonomía financiera del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó un decreto del Estado de Morelos que establecía pensiones para magistrados. Se determinó que el Congreso local, al emitir dicho decreto, tiene la obligación de garantizar los recursos necesarios en el presupuesto de egresos para su cumplimiento. Sin embargo, se consideró que el decreto no obligaba al retiro anticipado de los magistrados, sino que les daba la opción de separarse del cargo. Las observaciones del Poder Ejecutivo sobre el impacto presupuestal y la posible vulneración de la autonomía financiera del Poder Judicial fueron tomadas en cuenta.