La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar la invalidez de un decreto legislativo cuando el proceso de su aprobación no respeta los principios democráticos de deliberación y participación de las minorías parlamentarias, al dispensarse trámites esenciales sin justificación objetiva y motivada.

La acción de inconstitucionalidad se promovió contra un decreto que creó la Ley de Videovigilancia y modificó diversas leyes en Morelos. La quejosa argumentó violaciones al proceso legislativo, alegando que el dictamen fue discutido y votado el mismo día de su presentación, sin justificación de urgencia, impidiendo el análisis adecuado por parte de las fuerzas políticas. La Corte analizó si la dispensa de trámites y la celeridad en la aprobación del decreto vulneraron los principios democráticos de deliberación y participación, concluyendo que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo.