El cobro de derechos por el servicio de alumbrado público que se basa en el consumo de energía eléctrica es inconstitucional, pues invade la competencia federal exclusiva para gravar dicho consumo, y las normas que sancionan expresiones altisonantes o escándalos en lugares públicos son inconstitucionales por su ambigüedad e indeterminación, violando la seguridad jurídica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH contra diversas disposiciones de Leyes de Ingresos de municipios oaxaqueños. Se declaró la invalidez de un artículo que establecía el cobro de derechos por alumbrado público basado en el consumo de energía eléctrica, al considerar que invade la competencia federal. Asimismo, se invalidaron disposiciones que sancionaban expresiones altisonantes o escándalos en lugares públicos por ser excesivamente amplias y ambiguas, violando el principio de taxatividad y la seguridad jurídica. Respecto a otros artículos impugnados, se sobreseyó el juicio por inexistencia de las normas.