El Ministerio Público tiene la facultad de ejercer la acción penal por el delito que, según su apreciación, considera cometido, sin que el juez pueda indicarle los delitos por los que debe o no ejercerla, salvo la reclasificación del delito.

El caso aborda la facultad del Ministerio Público para ejercer la acción penal y la limitación del juez para indicarle los delitos específicos. Se determinó que el Ministerio Público tiene la autonomía para determinar los delitos a perseguir basándose en su análisis de los hechos y pruebas. El juez, por su parte, no puede obligar al Fiscal a ejercer la acción penal por un delito en particular, aunque sí puede reclasificarlo si lo considera pertinente. El Tribunal Colegiado negó la protección federal al quejoso.