La retención indebida de recursos presupuestales por parte del Poder Ejecutivo de una entidad federativa al Poder Judicial de la misma, vulnera los principios de autonomía e independencia judicial, así como el de división de poderes.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa contra el Poder Ejecutivo de la misma entidad. El Poder Judicial impugnó la retención de recursos destinados a materiales y servicios generales, argumentando que dicha acción vulneraba su autonomía, independencia y el principio de división de poderes. La Sala determinó que la omisión del Ejecutivo en entregar los fondos asignados al Poder Judicial afectaba directamente su autonomía de gestión presupuestal, declarando la invalidez del acto impugnado y ordenando la entrega de los recursos.