La publicación de las actualizaciones catastrales en el periódico oficial del estado es un requisito indispensable para su entrada en vigor y la correcta recaudación de contribuciones, salvaguardando la seguridad jurídica de los contribuyentes y la hacienda municipal.

El municipio actor impugna la omisión del Ejecutivo estatal de publicar los decretos de actualización catastral para el ejercicio fiscal 2025, argumentando que dicha omisión viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como la autonomía municipal. La falta de publicación impide la certeza sobre la aplicabilidad de las nuevas bases para el cobro de contribuciones, afectando la hacienda municipal y la prestación de servicios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza si esta omisión constituye una invasión a la soberanía municipal.