La valoración de las pruebas periciales en un laudo debe estar debidamente fundada y motivada por la autoridad responsable, de lo contrario, se actualiza una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica del gobernado.

El Tribunal Colegiado concedió el amparo y protección federal al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas. La Junta Especial responsable no fundó ni motivó adecuadamente la valoración de las pruebas periciales que obran en el expediente, lo cual constituye una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica.