La falta de fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad en un acto de molestia, como una boleta de infracción, vulnera las garantías de legalidad y seguridad jurídica del gobernado, al impedirle conocer el sustento legal de la actuación y ejercer plenamente su defensa.

El Tribunal determinó que la boleta de infracción carecía de la debida fundamentación y motivación de la competencia de la Guardia Nacional para emitirla. Al no citar los preceptos legales específicos que otorgan facultades a la autoridad para actuar en el caso concreto, se vulneran las garantías de legalidad y seguridad jurídica del gobernado, dejándolo en estado de indefensión. Por lo tanto, se consideró ilegal el acto impugnado.