La controversia constitucional tiene como finalidad dirimir conflictos sobre la constitucionalidad de actos y disposiciones generales entre los sujetos legitimados, protegiendo el ámbito de atribuciones de los órganos originarios del Estado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una controversia constitucional, reitera que el propósito fundamental de este medio de control constitucional es resolver disputas sobre la legalidad de actos y normas emitidas por los entes facultados. El diseño original de esta garantía jurisdiccional busca que el máximo tribunal del país delimite las competencias constitucionales de los poderes originarios del Estado, tal como se ha sostenido en la jurisprudencia.