El juicio contencioso administrativo es improcedente contra resoluciones que exijan el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieren sido impugnadas y hayan quedado firmes, siempre que la demanda se haya presentado con posterioridad a la reforma del 16 de octubre de 2025, pues aplicar la nueva disposición a demandas presentadas con anterioridad implicaría una aplicación retroactiva de la reforma, contraviniendo el principio de seguridad jurídica.

La Primera Sala Regional en Puebla del Tribunal Federal de Justicia Administrativa analizó la procedencia del juicio contencioso administrativo contra un requerimiento de pago y un mandamiento de ejecución. La autoridad demandada argumentó la improcedencia del juicio basándose en una reforma publicada el 16 de octubre de 2025, que limitaba la competencia del tribunal para conocer de créditos fiscales impugnados y firmes. Sin embargo, la Sala determinó que la demanda se presentó antes de la entrada en vigor de dicha reforma, por lo que su aplicación retroactiva violaría el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 14 constitucional. Por lo tanto, las causales de improcedencia resultaron infundadas.