El proceso legislativo de las normas fiscales que imponen la obligación de llevar contabilidad electrónica, al no prever un medio de defensa o impugnación para el contribuyente en contra de la preliquidación de impuestos, genera una afectación en sus derechos fundamentales, lo que justifica el amparo para el efecto de que dicha preliquidación no sea exigible mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

El Juzgado de Distrito sobresee el juicio respecto de la aplicación de diversas disposiciones fiscales y la expedición de resoluciones misceláneas, así como actos de autoridades ejecutoras y legislativas. Sin embargo, niega el amparo contra varios artículos del Código Fiscal de la Federación, reglamentos y resoluciones misceláneas. Concede el amparo respecto al proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, al considerar que la falta de un medio de defensa contra la preliquidación de impuestos viola los derechos fundamentales del contribuyente, impidiendo que dicha preliquidación se exija mediante el procedimiento administrativo de ejecución.