La Ley del Impuesto al Valor Agregado, al definir los actos o actividades no objeto del impuesto y establecer que no son susceptibles de acceder a la mecánica del acreditamiento, respeta los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributarias, así como el de competitividad.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de los artículos 4-A y 5, fracción V, incisos b), c) y d), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que definen los actos o actividades no objeto del impuesto y restringen su acreditamiento. La Sala determinó que estas disposiciones son constitucionales, ya que buscan evitar el beneficio indebido de los contribuyentes en el acreditamiento del IVA y se sustentan en el principio de continuidad en la cadena productiva, respetando así los principios tributarios fundamentales.