El decreto emitido por el Congreso del Estado de Morelos, que concede una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial de dicho Estado, es inconstitucional por vulnerar los principios de independencia judicial y autonomía de gestión presupuestal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra un decreto del Congreso local que concedía una pensión por jubilación a una trabajadora, cargándola al presupuesto del Poder Judicial sin transferir los recursos necesarios. La Corte determinó que dicho decreto es inconstitucional porque vulnera la independencia y la autonomía presupuestal del Poder Judicial, al permitir que el Congreso disponga de sus recursos sin su intervención y sin garantizar la suficiencia financiera. Por ello, se declaró la invalidez parcial del decreto, ordenando al Congreso local que asuma el pago de la pensión o transfiera los fondos correspondientes, y se le apercibió sobre las consecuencias de futuros incumplimientos.