El otorgamiento de una pensión por jubilación por parte del Congreso de un Estado a un trabajador del Poder Judicial de esa misma entidad, con cargo a su presupuesto y sin la previa transferencia de los fondos necesarios, es inconstitucional por vulnerar los principios de división de poderes y autonomía de gestión presupuestal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el Congreso y el Gobernador de dicho Estado. El Poder Judicial impugnó un decreto legislativo que le imponía la obligación de cubrir una pensión por jubilación sin haberle transferido los recursos económicos suficientes ni consultado al respecto. La Corte determinó que dicho decreto es inconstitucional, ya que viola la autonomía de gestión presupuestal y el principio de división de poderes, al permitir que el Congreso disponga de los recursos de otro poder sin su participación y sin generar las condiciones materiales para cumplir la obligación impuesta.