La reforma al artículo 13, párrafo quinto, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada el veintitrés de mayo de dos mil catorce, no viola los derechos de legalidad y dignidad humana, ni el principio de proporcionalidad de las sanciones, al calificar como grave el incumplimiento de la obligación de presentar con veracidad las declaraciones patrimoniales.

El caso analiza la constitucionalidad del artículo 13, párrafo quinto, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformado en 2014, que elevó a falta grave el incumplimiento de presentar con veracidad las declaraciones patrimoniales. El quejoso argumentó que esta reforma violaba sus derechos de legalidad, dignidad humana y el principio de proporcionalidad de las sanciones. La Suprema Corte determinó que la norma no es inconstitucional, ya que la autoridad administrativa no está obligada a imponer la destitución de forma automática, sino que debe individualizar la sanción considerando diversos factores, lo que permite salvaguardar los principios invocados.