La cesación de efectos de los actos impugnados en una controversia constitucional, por sobrevenir una causa de improcedencia, impide que la sentencia pueda surtir plenos efectos, lo que conduce al sobreseimiento del juicio.

El Municipio de Salinas Victoria impugnó el Decreto 485 que aprobaba valores de suelo para el ejercicio fiscal 2024, argumentando falta de fundamentación y motivación. Sin embargo, la Suprema Corte determinó que el juicio debía sobreseerse. Esto se debió a que, durante el proceso, se publicó un nuevo decreto (Decreto 016) para el ejercicio fiscal 2025, el cual contenía una propuesta de valores unitarios de suelo y construcción idéntica a la que originó la controversia. Al haber cesado los efectos del acto impugnado, la Corte consideró que la sentencia no podría tener plenos efectos, actualizándose así una causa de improcedencia.