La suspensión de juicios y procedimientos administrativos, así como la detención de plazos de prescripción y caducidad, procede en casos de lesiones graves y otros delitos que impidan a la víctima acceder a la defensa de sus derechos, hasta que su condición sea superada y se justifique dicha imposibilidad.

El presente caso aborda la procedencia de la suspensión de juicios y procedimientos administrativos, así como la detención de plazos de prescripción y caducidad, en situaciones donde las víctimas han sufrido lesiones graves o han sido afectadas por delitos que merman su capacidad de defensa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que, ante estas circunstancias, el juez o la autoridad competente deberá ordenar la suspensión inmediata de los procedimientos en los que la víctima esté involucrada, así como la detención de los plazos correspondientes, hasta que la víctima supere su condición y se acredite la imposibilidad de ejercer adecuadamente sus derechos.