La distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) para un ejercicio fiscal determinado, una vez que las asignaciones presupuestales son estimadas y susceptibles de ajuste conforme a fórmulas y variables federales, no contraviene la autonomía municipal ni la ley, aun cuando el monto final sea inferior al inicialmente previsto en el presupuesto de egresos estatal, siempre que se sigan los procedimientos y se publiquen los indicadores correspondientes.

El Municipio de Álamo Temapache impugnó el acuerdo de distribución de recursos del FISMDF para 2018, argumentando una reducción arbitraria respecto a lo aprobado en el presupuesto estatal, lo que consideró violatorio de su autonomía municipal. La Suprema Corte determinó que las asignaciones presupuestales iniciales son estimativas y pueden variar conforme a fórmulas y variables federales. Al no haberse impugnado los acuerdos y convenios federales que establecieron dichas fórmulas y variables, y habiendo actuado el Poder Ejecutivo estatal conforme a derecho al aplicar los ajustes, se declaró infundado el concepto de invalidez y se reconoció la validez del acuerdo de distribución.