El sobreseimiento del juicio contencioso administrativo por caducidad de la instancia, basado en la inactividad procesal, es contrario al derecho de acceso a la justicia pronta y expedita cuando dicha inactividad no es atribuible a las partes, sino a la omisión del órgano jurisdiccional de impulsar el procedimiento.

El Tribunal Colegiado concedió el amparo a la quejosa contra la resolución que sobreseyó su juicio contencioso administrativo por caducidad de la instancia. Determinó que la Sala responsable debió desaplicar el artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, al considerar que la caducidad no opera cuando la inactividad procesal es atribuible al órgano jurisdiccional y no a las partes. El fallo enfatiza la obligación de los tribunales de garantizar el derecho a una justicia pronta y expedita, realizando un control de convencionalidad y privilegiando la resolución de fondo sobre formalismos procedimentales, conforme a los artículos 1o. y 17 constitucionales y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.