SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA YA QUE SE ESTIMA QUE SON EN UNA PARTE INOPERANTES LOS ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD RECURRENTE, DEBIDO A QUE, ÚNICAMENTE SE LIMITA A MANIFESTAR QUE LA SALA NO SE PRONUNCIÓ RESPECTO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LA DEMANDADA Y LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES; PERO NO SEÑALA CUÁLES FUERON LOS PLANTEAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE NO SE ESTUDIARON; Y POR OTRO LADO, RESULTAN INFUNDADOS EN VIRTUD DE QUE EL ACTOR NO OFRECIÓ COMO PRUEBAS LA PERICIAL, ACTAS CONSTITUTIVAS, TICKETS, PAGOS DE CUOTAS OBREROS PATRONALES O LICENCIA DE USO DE SUELO; ADEMÁS, LA SALA EN NINGÚN MOMENTO AFIRMÓ QUE LA AUTORIDAD NO ANALIZÓ EL CÚMULO DE PRUEBAS PUES LO QUE REALMENTE SOSTUVO FUE QUE RESULTABAN INSUFICIENTES PARA ACREDITAR QUE EL DEMANDANTE EFECTIVAMENTE ADQUIRIÓ LA MERCANCÍA ORIGEN DE LAS EROGACIONES DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, NI PARA DEMOSTRAR QUE EFECTIVAMENTE PRESTÓ LOS SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE; ADEMÁS, APUNTÓ QUE LA CONCLUSIÓN A LA QUE ARRIBÓ LA AUTORIDAD DERIVÓ DEL ANÁLISIS AISLADO QUE HIZO A LOS MEDIOS DE PRUEBA; PERO SIN QUE SOSTUVIERA QUE EXISTIÓ UNA OMISIÓN DE ESTUDIO POR PARTE DE LA DEMANDADA, DEBIDO A QUE QUIEN ACUSÓ DE DICHA OMISIÓN FUE EL ACTOR.