La duración del periodo de gubernatura no es un elemento que, por sí solo, impida el cumplimiento del principio del gasto público eficaz, pues la eficacia en la gestión pública depende de la planeación, ejecución y supervisión de las políticas públicas, no del plazo temporal establecido.

Los partidos políticos argumentaron que un periodo de gubernatura de tres años es insuficiente para gobernar con eficacia y implementar políticas públicas, afectando la gobernabilidad. Sin embargo, la Corte determinó que la eficacia del gasto público no está intrínsecamente ligada a la duración del periodo de gobierno, sino a la correcta planeación y ejecución de las políticas públicas, independientemente del plazo temporal.