La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Fiscalía General del Estado de Morelos tiene legitimación para promover una controversia constitucional en contra de un decreto emitido por el Congreso de Morelos, al ser uno de los entes facultados para ello y estar representada por su Fiscal General.

La Fiscalía General del Estado de Morelos promovió una controversia constitucional contra un decreto del Congreso de Morelos que otorgó una pensión por cesantía a un individuo. La Suprema Corte analizó la legitimación de la Fiscalía para interponer este medio de control constitucional, confirmando que, de acuerdo con los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal y 10, fracción I de su Ley Reglamentaria, así como las disposiciones locales que rigen a la Fiscalía de Morelos, dicho ente está facultado para demandar la invalidez de actos que afecten su presupuesto o autonomía.