La determinación de las participaciones federales a los municipios debe considerar las particularidades y omisiones en la entrega de información, sin que la mera legalidad de la fórmula impida la protección de derechos fundamentales.
El municipio actor impugna un decreto estatal que establece los coeficientes de distribución de participaciones federales, argumentando falta de fundamentación, motivación y violación a la garantía de audiencia. La Suprema Corte analiza si la controversia versa sobre mera legalidad o si existen elementos que justifiquen la protección de derechos fundamentales, especialmente ante la omisión de información por parte de un anterior comisionado, lo cual impacta negativamente en la asignación de fondos para el ejercicio fiscal 2024.
Vista sintética de los datos extraídos. El texto íntegro está en la pestaña de la fuente oficial.