Se concede el amparo, en virtud de que se violó el derecho de defensa adecuada de la quejosa, por cuanto que designó defensor hasta aproximadamente diez horas después de que fue puesta a disposición, lapso en que se desahogaron diversas probanzas; así como por lo que ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el arraigo decretado por los jueces penales de los Estados es inconstitucional, el dictado por el juez Quinto Penal de Querétaro, en la causa penal de onde deriva el acto reclamado resulta inconstitucional, por tanto, corresponde al juez natural ponderar la exclusión de pruebas directa e inmediatamente relacionadas con ese arraigo, entre ellas varias que consideró la sala penal para confirmar la sentencia condenatoria de primer grado.