La prescripción de un crédito fiscal se actualiza cuando transcurre el plazo máximo de diez años, contado a partir de que el crédito pudo ser legalmente exigido, independientemente de las interrupciones o suspensiones que hayan ocurrido.

En este juicio, la actora impugnó un crédito fiscal determinado en una resolución de 2009, argumentando que había prescrito. La autoridad fiscal defendió la legalidad de la notificación y la interrupción del plazo de prescripción. El Tribunal determinó que, si bien la notificación inicial fue ilegal, el crédito fiscal prescribió al haber transcurrido más de diez años desde que se hizo exigible, aplicando la reforma al artículo 146 del Código Fiscal de la Federación que establece un plazo máximo de prescripción.