Se concede la protección constitucional; lo anterior, pues son fundados los conceptos de violación aducidos por la peticionaria del amparo, pues se le impuso una carga indebida, porque a quien compete en exclusiva el proceso de aplicación de sanciones por infracciones a reglamentos gubernativos y de policía (del que forma parte la identificación el infractor), es a la propia autoridad administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 21 constitucional, por lo que esa función investigadora no debe ser delegada sobre particulares, además que el procedimiento de infracción impugnado restringe el derecho de legalidad previsto en el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que el Acuerdo de Colaboración reclamado deviene también trasgresor de sus derechos humanos bajo tutela constitucional, pues la autoridad que tenía el registro de sus datos personales los compartió a una autoridad que legalmente no estaba facultada para ello. FOTO MULTA