La justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa en contra de los actos reclamados y autoridades responsables, al confirmarse la sentencia recurrida en la materia de la competencia delegada, y declararse infundados los recursos de revisión adhesiva.

La quejosa impugnó la constitucionalidad de una norma, argumentando que no superaba el test de proporcionalidad. Sin embargo, el tribunal colegiado determinó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había establecido la constitucionalidad de dicha norma en la jurisprudencia 2a./J. 7/2020 (10a.), al considerar que sí satisfacía el test de proporcionalidad. Por lo anterior, se confirmó la sentencia recurrida y se negó el amparo solicitado.