La suspensión en el juicio de amparo debe concederse cuando, a pesar de que las normas reclamadas versan sobre materias de orden público e interés social, la negativa de la medida cautelar podría generar un perjuicio mayor e irreparable a la esfera jurídica del gobernado, sin que ello impida a la autoridad hacendaria ejercer sus facultades de comprobación por otras vías.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis sobre la procedencia de la suspensión en el juicio de amparo respecto de las obligaciones impuestas a las entidades financieras por el artículo 32-B, fracciones V, IX y X, del Código Fiscal de la Federación. El tribunal determinó que, si bien estas normas son de orden público e interés social, la suspensión debe concederse si su negativa causa un daño mayor al gobernado, sin impedir que la autoridad fiscal obtenga la información por otros medios.