La revisión administrativa no permite suplir la deficiencia de los agravios planteados por el recurrente, ni realizar una revisión oficiosa de las pruebas desahogadas en el procedimiento de origen.

El recurrente argumenta que los testimonios de las víctimas no fueron corroborados y que se violó el principio de presunción de inocencia al darles un peso probatorio significativo. Adicionalmente, señala que se vulneró la confidencialidad del procedimiento al difundirse información antes de la notificación. Sin embargo, la Suprema Corte determina que la revisión administrativa no faculta a suplir deficiencias en los agravios ni a revisar oficiosamente las pruebas, manteniendo la resolución de la instancia previa.