La reforma a la ley de entrega-recepción de la administración pública no vulnera los derechos humanos al facilitar el inicio de la gestión de un servidor público entrante y el término de la gestión del saliente, delimitando periodos de responsabilidad y garantizando una transición ordenada y eficiente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó una reforma a la ley de entrega-recepción de la administración pública. Se determinó que la reforma no vulnera derechos humanos, sino que facilita un proceso de transición ordenado y eficiente entre servidores públicos entrantes y salientes. La reforma delimita periodos de responsabilidad y permite a las autoridades entrantes coadyuvar en la salvaguarda de bienes y documentos, así como iniciar acciones contra servidores públicos salientes por actos u omisiones indebidas.