La exclusión de pruebas ilícitas, obtenidas mediante la vulneración de derechos fundamentales como la inmediata puesta a disposición, la defensa adecuada y la inviolabilidad del domicilio, es imperativa para garantizar la legalidad del proceso penal.

El presente caso aborda la exclusión de pruebas consideradas ilícitas en un proceso penal por secuestro agravado y homicidio calificado. Se determinó que el parte informativo policial y las diligencias de inspección ministerial fueron ilegales, al haberse obtenido vulnerando derechos fundamentales como la inmediata puesta a disposición, la defensa adecuada y la inviolabilidad del domicilio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatiza la necesidad de excluir dichas pruebas para garantizar la legalidad del proceso.