La retención de recursos federales destinados a un municipio, bajo el argumento de una reducción presupuestal o incumplimiento de reglas de operación, debe ser debidamente fundada y motivada, respetando la esfera de atribuciones municipales y garantizando el derecho de audiencia.

El Municipio de Huautla de Jiménez promovió controversia constitucional contra la retención de recursos federales destinados a una obra de agua potable. El Municipio argumentó que dicha retención violaba sus atribuciones constitucionales y el principio de libre administración hacendaria. Las autoridades federales y estatales defendieron la cancelación de los recursos, argumentando incumplimiento de las reglas de operación del programa y la facultad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para suspender o cancelar la ministración de subsidios ante la falta de avance o incumplimiento de los requisitos. La Suprema Corte analizó si la cancelación de los recursos se realizó conforme a derecho y si se respetaron las garantías del Municipio.