La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la reducción de las participaciones federales a los municipios, dentro de los márgenes constitucional y legalmente permitidos, no viola el principio de libre administración de la hacienda municipal, siempre que se garantice el porcentaje mínimo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

La controversia constitucional se centró en la reforma al artículo 6o. de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, que redujo las participaciones federales a los municipios del 22% al 20%. El municipio actor argumentó que esta reducción vulneraba su autonomía hacendaria. Sin embargo, la Suprema Corte determinó que dicha reducción, al mantenerse dentro de los límites legales y constitucionales, no afectaba la libre administración de la hacienda municipal, ya que el porcentaje mínimo garantizado se respetaba. Adicionalmente, se sobreseyó el juicio respecto a porciones normativas que habían sido derogadas por decretos posteriores.