La legitimación activa de los órganos constitucionales autónomos para promover controversias constitucionales se extingue con su desaparición, y no puede ser trasladada a los nuevos órganos que los sustituyan si estos no cuentan con dicha legitimación constitucional.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano constitucional autónomo, promovió una controversia constitucional. Sin embargo, una reforma constitucional posterior extinguió dicho Instituto y creó nuevos órganos dependientes del Poder Ejecutivo. La Suprema Corte determinó que la legitimación del Instituto para promover la controversia cesó con su extinción, y que esta legitimación no se traslada automáticamente a los nuevos órganos, ya que estos no están facultados por el artículo 105, fracción I, de la Constitución para interponer este medio de control constitucional.