La petición de asistencia jurídica de una autoridad extranjera para investigar irregularidades bancarias y la posibilidad de bloquear cuentas, aun cuando deja a discreción de la autoridad nacional la decisión final, constituye una solicitud expresa para efectos de cumplimiento de compromisos internacionales en la lucha contra el lavado de activos.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de criterios sobre la interpretación de "petición expresa" para el bloqueo financiero de cuentas. Se determinó que una solicitud de asistencia jurídica de una autoridad extranjera, que pide investigar irregularidades bancarias y valora la posibilidad de bloquear cuentas, cumple con el requisito de "petición expresa" para que la Unidad de Inteligencia Financiera actúe en cumplimiento de compromisos internacionales contra el lavado de dinero. Esto se basa en los principios de cooperación internacional, ayuda mutua y respeto soberano, y no requiere una orden imperativa, sino una solicitud de asistencia que permita desmantelar organizaciones criminales.