La evaluación del impacto ambiental de un acto consumado debe atender a las resoluciones administrativas previas que ya valoraron y sancionaron dicha afectación, máxime si estas incluyeron medidas de compensación.

El presente caso gira en torno a la evaluación del impacto ambiental de una granja. Se argumenta que el juez de amparo incurrió en incongruencia al considerar viciado el proceso de construcción sin valorar adecuadamente la resolución administrativa de la PROFEPA. Dicha resolución, además de imponer una sanción económica, ordenó medidas de compensación ambiental, como la reforestación, las cuales fueron atendidas. Por lo tanto, se sostiene que los efectos del amparo son de imposible ejecución al pretender una autorización sobre un hecho consumado, sin considerar la valoración y sanción previa de la autoridad ambiental.