La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la disolución, liquidación o extinción del Archivo Estatal no puede ser determinada por la autoridad local, ya que su existencia es un mandato de la Ley General de Archivos y su regulación debe ser equivalente a la del Archivo General de la Nación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la Ley de Archivos del Estado de Durango a raíz de una acción de inconstitucionalidad promovida por el INAI y la CNDH. Se determinó que el artículo 97 de la ley local, que permitía a la Secretaría de Finanzas proponer la disolución del Archivo Estatal, era inconstitucional. La Corte sostuvo que la existencia de un Archivo Estatal es un mandato de la Ley General de Archivos y no una potestad de libre configuración local, por lo que su extinción no puede ser decidida por autoridades estatales, sino que debe seguir un procedimiento que respete la equivalencia con la regulación federal y la autoridad que creó el organismo.