La obligación de cubrir pensiones y jubilaciones decretadas por el Poder Legislativo local, debe prever la suficiencia presupuestal para su cumplimiento, sin que pueda ser satisfecha con partidas genéricas o insuficientes.

El Poder Judicial del Estado de Morelos impugnó un decreto legislativo que le imponía la obligación de pagar pensiones y jubilaciones, argumentando insuficiencia presupuestal. La Suprema Corte determinó que, si bien el presupuesto de egresos de 2023 no contemplaba una partida específica para el decreto impugnado, sí existían partidas genéricas para pensiones y jubilaciones. Sin embargo, se consideró que la obligación de pago debía prever suficiencia presupuestal, y no podía ser satisfecha con partidas genéricas o insuficientes, lo que llevó a conceder el amparo para que se garantizara el pago.